Responsable: Dr. Gabriel Antoniol
Descripción:
Los cambios demográficos y epidemiológicos que se está experimentando la mayoría de las regiones del mundo, el deterioro del medio ambiente y las condiciones de vida moderna, especialmente en las grandes ciudades, son algunos de los factores asociados al hecho de que los problemas y las enfermedades mentales hayan llegado a ser, junto a los accidentes y las enfermedades no transmisibles uno de los grandes desafíos sanitarios para el siglo XXI.
Se calcula que, en 1990, 114 millones de personas de la Región de las Américas sufrían trastornos mentales, cifra que en 2010 puede aumentar a 176 millones. En 1998, los trastornos mentales constituyeron 11.5% de la carga global de las enfermedades. Los trastornos mentales representan 28% de los años de vida vividos con discapacidad: también intervienen en el aumento de los niveles de mortalidad, pues el suicidio es una de las tres causas principales de muerte entre las personas de 15 a 35 años.
Frente a este escenario la problemática de la salud mental se convierte en un desafío imperioso para los países de América en general, forjando un horizonte en el cual, la salud mental constituya una prioridad para los Estados, las comunidades y las personas. Un horizonte en el cual, las políticas y los programas públicos reflejen la importancia de la vida de las personas, de sus familias y comunidades, en el cual, tanto la salud mental como la física se aborden de manera integrada, dinámica e interdependiente, con reconocimiento social. Este desafío materializado significará que las personas que padecen trastornos mentales, neurológicos y psicológicos son comprendidas, aceptadas y tratadas con equidad en todos los aspectos de su vida cotidiana y comunitaria.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha servido de catalizador y orientador, habiendo facilitado una fructífera discusión y ofreciendo una asistencia técnica que continuará expandiéndose.
Esta cooperación técnica de la OPS está reforzando novedosamente la capacidad de respuesta de los países en la promoción de la salud mental y la prevención y atención de los trastornos psíquicos. Con el apoyo de la OPS, muchos países miembros están hoy dotando a sus sistemas y redes de salud de un alto contenido y poder resolutivo en el campo de la salud mental.
La Declaración de Caracas de 1990 marcó un momento de inflexión fundamental, porque allí formalmente se estableció la Iniciativa para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en la Región de las Américas.
Se puso un énfasis especial en la necesidad de integrar los servicios de salud mental dentro del marco operativo general de la atención primaria en salud y que los hospitales psiquiátricos, con un modelo manicomial, creaban un claro obstáculo para proveer un servicio de salud compatible con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva.
Un segundo hito histórico que vendría a catapultar la modernización de la atención y los servicios de la salud mental en las Américas se produjo 15 años después en Brasilia en el año 2006.
Allí no solo se habló de desterrar el manicomio como modelo asistencial o de la descentralización de los servicios, sino que se formularon nuevos desafíos que no aparecían en Caracas. Entre estos nuevos desafíos, se destacaban los siguientes:
•La vulnerabilidad psicosocial, incluida la problemática de grupos específicos como las poblaciones indígenas y grupos en condiciones de pobreza extrema, y las consecuencias adversas de la urbanización desorganizada de las grandes metrópolis.
•El aumento de la morbilidad y de la problemática psicosocial de la niñez y la adolescencia.
•El aumento de la demanda de servicios por parte de la sociedad que faciliten la adopción de medidas efectivas de prevención y abordaje precoz de la conducta suicida y del abuso de las drogas y el alcohol, y
•el fenómeno de la violencia, que con su creciente aumento exige una respuesta de los servicios de salud, y de la salud mental en particular con referencia a la atención a las víctimas.
Uruguay pertenece a los países en vías de desarrollo inmersos en procesos de modernización y globalización, presentan cambios en muchos aspectos de la vida cotidiana, afectando de manera diversa, el estado de la salud mental de la población. La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de soporte social, la proliferación de estilos de vida nocivos y entornos no saludables, aunados a la pobreza, exclusión social y la anomia existente representan un caldo de cultivo para la prevalencia, incidencia y magnitud, cada vez más fuerte de problemas psicosociales, incluyendo el incremento en el consumo de drogas y las distintas formas de violencia.
Por otro lado, encontramos a nivel social, comunitario y familiar la negación o desconocimiento de los problemas y trastornos de las personas que los padecen, que los mantienen en estados de dolor incesante y que no cuentan con posibilidades de acceder a servicios de atención comunitaria, menos aún de calidad, para atender a sus parientes enfermos y/o discapacitados mentales. Esta negación colectiva de la enfermedad mental no es gratuita. Tiene su asidero en las grandes resistencias individuales y colectivas para asumir que estamos enfermos, que nuestra salud mental individual y colectiva está afectada seriamente; y que existe una deuda social que saldar en esta esfera.
Desde la perspectiva del acceso a los servicios de salud mental, prevalecen enfoques de manicomialización de la enfermedad, no se consigue integrar a la salud mental como un componente inherente de la salud integral, el acceso es insuficiente, no se respetan los derechos de ciudadanía de las personas con padecimiento mental. Los recursos humanos, además de ser escasos, están sobrecargados y sus competencias no son suficientes, siendo magros los salarios que perciben. Es preocupante la falta de continuidad en los cuidados. Los sistemas de planificación, evaluación y seguimiento de las intervenciones son insuficientes y poco articulados, los presupuestos escasos.
El modelo tradicional fuertemente institucionalizado y el desencuentro cultural vinculado a la comprensión de la salud mental, dificulta el desarrollo de modelos de intervención integrados de promoción, prevención y atención de salud mental y genera confusión en el diseño de estrategias y acciones, en el sector público y privado.
Los efectos que vemos son suficientes para constatar que el modelo tradicional de atención en instituciones psiquiátricas ha colapsado y se requiere de voluntades políticas y de un cambio de actitud en los profesionales para cambiar este estado de cosas.
Dentro de este contexto la Organización Panamericana de la Salud ha puesto especial énfasis en aspectos como:
•Desarrollar y fortalecer las Políticas y Planes Nacionales de Salud Mental.
•Reestructurar los Servicios de Salud Mental (descentralizados y basados en la APS).
•Priorizar la atención de los trastornos afectivos, las epilepsias, las psicosis y las adicciones, especialmente alcoholismo.
•Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos psíquicos.
•Dirigir acciones específicas para asegurar un adecuado desarrollo psicosocial de la niñez y adolescencia.
•Aumentar las asignaciones para programas de formación en Salud Mental.
•Mejorar la legislación y la protección de los derechos humanos de las personas portadoras de trastornos mentales.
•Aumentar el presupuesto asignado para políticas de salud mental dentro del presupuesto de salud.
•Fortalecer los programas de capacitación de enfermería en salud mental.
Uruguay ha intentado trabajar en los últimos años en el diseño de Planes Nacionales de Salud Mental, pero con diversos grados de desarrollo. En algunos casos no han recibido el apoyo formal necesario y su instrumentación ha sido muy limitada. Es decir se requiere de la revisión y revitalización de estos procesos a la luz de los resultados del Instrumento de evaluación para sistemas de salud Mental de la OMS: WHO-AIMS.