En estudios recientes, entre el 7 y el 24 por ciento de las mujeres de doce países de América Latina y el Caribe reportan haber sido víctimas de violencia física a manos de su pareja en el último año, y entre el 5 y 15 por ciento indican que se han visto obligadas a tener relaciones sexuales con su pareja en contra de su voluntad alguna vez en la vida. Sin embargo,  la proporción de mujeres que denuncian esta violencia infligida por su pareja es mucho menor.

Los daños que causa la violencia por la pareja íntima y la violencia sexual pueden durar toda una vida y extenderse a generaciones, con efectos adversos en la salud, la educación y el empleo. Por consiguiente, la prevención primaria de este tipo de violencia puede salvar vidas, proteger el bienestar físico y económico y el desarrollo de individuos y comunidades.

Por ello la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, abordan la violencia de pareja y sexual, con  actividades de prevención por considerarlo un problema importante de salud global y de derechos humanos. Estas actividades se centran en la prevención del problema antes de que ocurra (prevención primaria), y en fortalecer la capacidad de los servicios de salud y legales para la detección temprana y una respuesta eficaz que garantiza la seguridad de las víctimas de la violencia una vez que se divulga.

Adicionalmente la OMS ha desarrollado una guía, Prevención de violencia entre parejas intimas y la violencia sexual contra las mujer: Tomando acción y generando una base de evidencia,  la cual se ha vuelto una herramienta fundamental en la prevención de violencia de pareja y sexual para los investigadores en la prevención de la violencia, los profesionales y tomadores de decisión ya que proporciona un marco de planificación para el desarrollo de políticas, estrategias y programas.

Esta guía ha sido la base para el taller que se realizó, del 25 al 27 de mayo, en El Paso, Texas. Este taller reunió a participantes de siete países de la región de las Américas.

Las coordinadoras y facilitadoras de este taller fueron la Dra. Claudia García Moreno, Asesora Principal en Género, Derechos Reproductivos, Salud Sexual y Adolescencia de la OMS; Alessandra Guedes, Asesora Regional de Violencia Intrafamiliar y la Dra. Maristela Monteiro, Asesora Principal en Alcohol y Uso de Substancias, ambas de la OPS/OMS; el Dr. Gustavo Iturralde, Oficial de Promoción de la Salud de la OPS/OMS en la Oficina de la Frontera México-Estados Unidos y el Dr. Jesús López Consultor de Violencia y Género de la Oficina de la OPS/OMS en Panamá. Los participantes fueron seleccionados con apoyo de las oficinas de país de la OPS/OMS y con perfiles multidisciplinarios para lograr un abordaje integral de esta problemática, desde el punto de vista de salud pública y de derechos humanos.

Más acerca de la Guía y el Taller de prevención de violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer

Esta guía describe la naturaleza, magnitud, los riesgos y las consecuencias de la violencia en pareja y la violencia sexual. En la misma se esbozan las estrategias para prevenir estas formas de violencia contra las mujeres y describe cómo se pueden adaptar a las necesidades, capacidades y recursos de cada país. También hace hincapié en la importancia de integrar la evaluación científica en todas las actividades de prevención con el fin de ampliar el conocimiento actual de lo que funciona.

De acuerdo a las Naciones Unidas en el Artículo 1ero de la declaración sobre eliminación de la violencia contra la mujer indica que “la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenecía al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida  privada”.

Con el taller se espera aumentar la conciencia acerca de la importancia de prevenir la violencia entre parejas intimas y la violencia sexual, ampliar la colaboración entre autoridades y sociedad civil y el fortalecer las actividades de monitoreo y evaluación como parte integral de los planes de intervención.