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En todo el Mundo, la violencia se destaca como una de las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 44 años. También contribuye de forma significativa a la morbilidad mundial. La violencia afecta no sólo a la salud y a los medios de vida de la población, como también impone otros costos y puede impactar negativamente las perspectivas económicas de una ciudad (Krug et al., 2002). El temor a la violencia tiene un efecto devastador, una vez que aísla a los pobres en sus hogares y a los ricos en sus espacios segregados (Moser, 2004) y repercute en el bienestar y en la trama social de familias y comunidades.
En América Latina, la violencia está concentrada en los centros urbanos donde existen zonas de exclusión resultantes de una mayor densidad poblacional y del desarrollo rápido y mal planificado (Briceño-León et al 2008). Las características de estas zonas de exclusión y conectividad deficiente con otras zonas urbanas, dificultades topográficas y acceso limitado a servicios sociales - conducen a la creación de mecanismos alternativos de control social a través de las pandillas o grupos rebeldes.
Además, la violencia en América Latina está correlacionada con altos niveles de desigualdad de ingresos y otras características predominantes incluida la pobreza, el desempleo de los jóvenes y la pérdida de mecanismos tradicionales de control social, en particular, aquellos relacionados con la familia y los valores religiosos (Briceño-León et al. 2008). Las áreas donde la riqueza y pobreza extrema cohabitan parecen aumentar la frecuencia de incidentes de violencia, como demuestran los casos de zonas urbanas de Brasil, México, Venezuela y Colombia donde el aumento de la población urbana pobre exacerbó la situación (Briceño-León et al, el 2008).
El estado de la evidencia de los programas de prevención de la violencia
La planificación urbana. Los espacios inseguros - como caminos y carriles oscuros, paradas de autobús y letrinas públicas aisladas - pueden contribuir a la ocurrencia de las violaciones, los robos y los delitos violentos (WHO, 2008). Bollens (2006) sugiere que la ordenación urbana tiene el potencial de promover la paz al crear espacios urbanos que promuevan la cohesión y la igualdad social, y que reduzcan la fragmentación social. Bollens propone que los tomadores de decisión tienen una función clave al revitalizar y desarrollar los espacios públicos como lugares de la "democracia, la interacción y la neutralidad entre grupos."
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