La violencia física y sexual contra las mujeres es un problema generalizado en la región de América Latina y el Caribe. Entre el 17% y 53% (según países) de las mujeres de América Latina y el Caribe reconocen haber sufrido violencia por su pareja en algún momento de sus vidas.

Menos se sabe sobre la prevalencia del abuso sexual infantil a nivel mundial y en la región. Sin embargo, un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud encontró que el 10% de las mujeres entrevistadas en Brasil y 20% de las mujeres entrevistadas en el Perú aseguró haber experimentado abuso sexual antes de cumplir los quince años.

La violencia de género es una causa importante de lesiones y muerte, así como un factor de riesgo para muchos problemas de salud física y psicológica. Por cada mujer que muere como consecuencia de este tipo de violencia, muchas más sufren problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental. Además de los impactos en la salud, la violencia plantea serios costos sociales y económicos y otras consecuencias negativas:

• Menor calidad de vida de las mujeres y niños
• Incidencia en la violencia juvenil
• Pérdida de productividad económica de las mujeres
• Falta de poder social, económico y político de las mujeres
• Necesidad de aumentar presupuestos de los sectores salud, social y justicia

A pesar de los significativos avances en la gestión de información sobre la violencia contra la mujer, se necesita avanzar en su utilización para elaborar programas de actuación.

Programas que pueden ayudar, sin duda, al análisis sobre los factores de riesgo y consecuencias de este tipo de violencia, la mejora de su vigilancia en centros sanitarios. En ellos se pueden detectar casos de violencia contra mujeres y niños y evitar que se intensifiquen. Los centros sanitarios son un elemento clave para poner freno a muchos casos de violencia de este tipo y, asimismo, ayudar a modificar algunos factores que causan esas conductas violentas.

La modificación de esos factores (socioeconómicos y culturales, principalmente), requerirá un esfuerzo multisectorial e interdisciplinario en el que la salud pública desempeñará un papel clave.

El proyecto de cooperación entre España y la OPS respecto a la violencia contra la mujer contempla varias actividades a nivel regional que benefician a una gran parte de los países de Latinoamérica y el Caribe y, además, apoya esfuerzos específicos de apoyo a Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana. Estas actuaciones están coordinadas por el Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud a través de su programa de Violencia Intra-Familiar.