EL COMERCIO

El trabajo infantil y la desnutrición atenuaron en Ecuador

Según un informe, la desnutrición y el trabajo infantil cayeron en dos décadas, pero hay más maltrato infantil y embarazos adolescentes.

Las tasas de mortalidad y trabajo infantil cayeron en Ecuador en las últimas dos décadas, según el informe Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia 1990-2011.

De acuerdo con el estudio, elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, hace dos décadas 30 de cada 1 000 niños y niñas ecuatorianos fallecían antes de cumplir los cinco años, frente a 12 de cada 1 000 que se registran actualmente.

En tanto, mientras en el 2001, tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaba, hoy solo uno de cada 10 lo hace.

Sin embargo, el informe anota que el trabajo infantil en la población indígena y afroecuatoriana sigue siendo una constante en el país, dice el estudio, en el cual también participaron otras organizaciones como Save the Children, Plan Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras.

También se registró un avance en el cumplimiento al derecho a la educación. Así, hoy el 93% de los niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años tiene acceso a educación básica, frente a solo el 85% de hace 11 años.

Una niña estuvo en cuatro hospitales, antes de fallecer por dengue

La fiebre y el dolor de cabeza no cesaban. Los padres de la niña, de 11 años, acudieron a un médico particular en Santo Domingo. Él aseguró que estaba grave y que requería de atención especializada.

La pequeña fue llevada al Centro Ambulatorio del IESS, pues uno de sus padres es asegurado. Su estado de salud se complicó más y fue trasladada al Hospital Gustavo Domínguez.

El director de esa casa de salud, Mauro Falconí, dijo que la niña no pudo ser atendida por la falta de una Unidad de Cuidados Intensivos.

Entonces, la refirieron a Quito, al Hospital Andrade Marín, pero no hubo espacio, según Germania Naranjo, del Ministerio de Salud. La adolescente tuvo que ir a un hospital privado, donde falleció ayer.

Es la segunda víctima mortal de dengue grave, que se registra en este invierno, en Santo Domingo. El Ministerio de Salud mantiene una campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito causante de la enfermedad.

Norberto Gil pide justicia por su bebé fallecido

Desde hace una semana que Norberto Gil no descansa. Está empeñado en que se haga justicia por la muerte de su único hijo. El jueves presentó a la Fiscalía una denuncia contra el dueño de Novaeco, la clínica en la que falleció su bebé.

Hasta ayer recorría la ciudad para terminar una serie de trámites y papeleo, como conseguir que coloquen el sello de autentificación en el informe de Nacido Vivo del INEC.

Alejandro Andrés, como había llamado a su hijo, nació el lunes 21 a las 21:00 en la clínica Novaeco, en Solanda. Norberto recuerda que esa noche y todo el día martes el bebé no paraba de llorar y que no quería lactar. La madre, Marcia Herrera, estaba aún adolorida y tampoco entendía qué le sucedía al bebé.

Según Norberto, el bebé estaba en un cuarto pequeño, conjunto a la habitación de su esposa. “Ahí, lo tenían en una cuna y los doctores me dijeron que le estaban poniendo suero para alimentarlo”. La mañana del miércoles el bebé ya no lloraba pero en principio eso no preocupó a sus padres. Ese día le habían dado de alta a Marcia, quien se encontraba aún adolorida por la cesárea. Su esposo salió a la farmacia a comprar pañales y cuando regresó le dieron la noticia de la muerte de Andrés.

5 médicos imputados por negligencia

En una audiencia que duró dos horas, la fiscal Ivonne Puga, de la Unidad de Delitos Contra la Vida, resumió las pruebas que recabó por casi dos años dentro del caso de negligencia médica que dejó cuadripléjica a Mireya Ríos Sánchez.

A la joven le realizaron una cesárea en una clínica privada -ubicada en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, centro de Guayaquil-, el 1 de julio de 2009. Tras la intervención tuvo un cuadro de eclampsia, un problema de hipertensión arterial en el parto. Como consecuencia, Mireya quedó con un 80% de discapacidad física.

Ayer, Puga imputó a los cinco médicos implicados, y pidió a la jueza XII de lo Penal, Guadalupe Manrique, que los llame a juicio y que aplique la prisión preventiva.

Entre los imputados están los doctores Fátima A. y Mario E., quienes llevaron el control del embarazo. También quienes estuvieron en la cirugía y el propietario de la clínica, que funcionaba sin el permiso del Ministerio de Salud, según la Fiscalía.

La instrucción fiscal por este caso se abrió el 16 de julio del 2009. Puga puntualizó que antes y durante la cirugía los doctores “violaron los protocolos médicos”.