| Marzo 17, 18 y 19, 2012 |
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EL COMERCIO
Hospital Abel Gilbert
desbordado por la crisis
Los 14 meses de la emergencia en ese hospital de
Guayaquil no resuelven los problemas. La demanda en emergencia superó su
capacidad. Los pacientes duermen en sillas de ruedas, a la espera de camas.
El 5 de marzo, Ángela Carrera llegó al hospital Abel
Gilbert Pontón, en Guayaquil. Un intenso dolor en el abdomen la obligó a salir
desde Santo Domingo de los Tsáchilas.
Hace cinco años, le detectaron cáncer al hígado y por
falta de tratamiento su estado se agravó. Su rostro se perdía entre los casi
800 pacientes que llegan a diario al área de Emergencia.
Afuera de esa sala, un letrero anuncia la
reestructuración del lugar. ‘Hospital en recuperación’.
14 meses después de la emergencia decretada por el
Gobierno, en el Abel Gilbert se invirtieron USD 8 478 890. Remodelaron
consultorios, cambiaron pisos, instalaron televisores plasma en las áreas de
espera, pero cuando doña Ángela llegó recibió la misma noticia que todos: “No
hay camas, eso dicen los médicos”, contó Jaqueline Gaibor, su hija.
El hospital solo tiene 254 camas. Y quienes llegan a
Emergencia deben pasar días en sillas de ruedas, soportando su dolor.
Doña Ángela fue atendida en el área de Medicina Interna
por cinco días. El hedor a sangre es fuerte en el angosto cubículo. En el piso
hay gasas sucias y restos de sueros. Ahí están amontonadas 15 personas. Sus
gemidos de dolor se mezclan las súplicas de los familiares.
Tres
pacientes renacieron, tras el trasplante de órganos
Las personas que reciben un órgano o tejido de otra
persona tienen que pelear contra el rechazo durante toda su vida. Los
inmunosupresores son sus mejores armas y aunque tengan efectos colaterales, los
especialistas valoran el bien mayor, que es la vida.
El costo mensual de las dosis de inmunosupresores por
paciente trasplantado está entre los USD 600 y 1 500, según Diana Almeida,
directora del Organismo Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos (Ontot).
Frans Serpa, coordinador de trasplantes de hígado y
páncreas, en el Hospital Metropolitano, explica que las dosis de
inmunosupresores dependen de la compatibilidad entre el donante y el receptor.
“A menos compatibilidad, hay que suministrar más drogas al paciente”, dice.
La medicina en el mundo incluso permite que se hagan
trasplantes en los que hay cero compatibilidad, pero esto en Ecuador no se
practica porque las listas de espera son muy grandes y si el órgano o tejido no
sirve al primero de la lista, se evalúa a los siguientes pacientes.
18 de marzo
La
gestión hospitalaria no mejora, pese a las millonarias consultorías
Parece que Patricia Sacancela quisiera
contener su corazón con las manos. Hace poco, su hijo de 9 años entró al
quirófano del Hospital Baca Ortiz y ella no deja de presionarse el pecho con
las manos. El pequeño está en la lista de cirugías de este 14 de marzo. Hace
una semana que lo atropellaron y tiene una pierna rota. Patricia solo relaja
las manos cuando escucha que preguntan por los familiares del niño José López.
La consultora Gens Sapiens fue parte de la
fórmula para cambiar los hospitales durante la emergencia, pero los resultados
de su trabajo no son palpables, al menos no en el corto plazo. Lo que sí se
conoce es que los consultores cobraron casi USD 1,4 millones -según el único
informe que dio a conocer Salud en julio de 2011- por los estudios para cambiar
la infraestructura de los hospitales.
Fabián Proaño, gerente de la consultora, sostiene que fueron USD 900 000 y que
su trabajo de 16 meses consistió en “asesorar sobre el sistema de gestión
hospitalaria”. Además, que los resultados corresponden a lo que el Ministerio
decidió o pudo hacer”.
Esta firma empezó a trabajar con la Cartera de Salud en septiembre de 2010. Se
le encargó el diagnóstico de los hospitales que más tarde fueron declarados en
emergencia. En el caso del Baca Ortiz, hay un informe de diciembre de 2010 que
indica que detectaron una veintena de problemas, como el mal estado de los
equipos de rayos X, las 1 800 cirugías represadas en Traumatología, el déficit
de 100 enfermeras y 32 médicos residentes, el deterioro de las tuberías e
instalaciones de purificación de aguas servidas, y que en el hospital solo
funcionaban tres de los siete ascensores.
Este informe fue la base de los pedidos que el pediátrico hizo apenas se
decretó la emergencia. Un listado con más de 200 ítems necesarios fue remitido
al
Ministerio de Salud, el 26 de enero. Entre ellos constan los equipos fijos y
móviles de rayos X y los ascensores. Para gestionar todas las compras nació el
proyecto Mi Hospital, que desde el principio fue gerenciado por José Oviedo, un
funcionario del SRI que fue en comisión de servicios a Salud.
Mi Hospital formó comités de compras para analizar los pedidos de los
hospitales y empezaron a calificar a los proveedores. Entre las compras más
grandes estuvieron los dos hospitales móviles, que costaron USD 35 millones, y
las 90 ambulancias, que se compraron en México y Brasil, por casi USD 10
millones.
El cónyuge ya puede tener
atención médica
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
empezó a recibir las primeras solicitudes para acceder a la atención de salud
para los cónyuges e hijos menores de 18 años de afiliados y jubilados.
La medida se aprobó en febrero del 2011, pero recién se
implementó en octubre de ese año por falta de un reglamento.
Hasta febrero pasado, el personal del IESS solo ha
recibido 566 solicitudes de afiliados y jubilados, para obtener este beneficio.
Así lo informó Pedro Alvarado, director de Desarrollo Institucional del Seguro
Social.
El trámite y el costo depende de la condición del
solicitante; es decir, si es afiliado o jubilado.
Una vez presentados los requisitos y aprobadas las
solicitudes, los dependientes del afiliado y los jubilados accederán a los
servicios de salud cuando cumplan tres aportaciones (ver cuadros).
17 de marzo de 2012
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
quiere dar un giro radical a la administración de sus unidades médicas. Los
miembros del Consejo Directivo aprobaron, el pasado 7 de marzo, una resolución
en la que pasan la gestión de 20 hospitales a manos privadas.
Este cambio empezó con el recientemente inaugurado
Hospital San Francisco, cuya administración la asumió la firma española
Makiber, que hasta el momento no funciona al 100% de su capacidad. La atención
se limita al área de consulta externa.
Para concretar este traspaso de manos públicas a privadas
se llamó a un primer concurso público, en el portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec), para
tercerizar ocho hospitales de II y III niveles (diagnóstico de mediana y grave
complejidad), por USD 6 millones.
Pero solo hubo una oferta y se declaró desierto. El
problema de la licitación radicó en que solo se dirigió a proveedores
nacionales y no internacionales. Esto, pese a que uno de los argumentos para
transferir la administración era que el país cuenta con pocos expertos en esta
área.
EL UNIVERSO
Ni visita de ministra alivia las
quejas de pacientes en hospital
Varias casas de salud de Manabí
recorrió la ministra del ramo, Carina Vance, el pasado 6 de marzo. Al visitar
el hospital Rafael Rodríguez Zambrano, de Manta, se molestó por los problemas y
dio un mes de plazo para que todo funcione bien. Pero cuando ha transcurrido un
tercio de ese plazo, los problemas siguen repitiéndose y hasta agravándose, lo
que genera protestas airadas de decenas de pacientes.
“Los problemas son los mismos de siempre, no hay médicos, medicinas y, ahora,
hasta (falta) anestesiólogo”, dijo Helen Pico Vera, quien tiene a su hija
ingresada en ese hospital.
“Las quejas de los pacientes son constantes, pues los médicos envían recetas
con más de cinco medicamentos para que retiren en la farmacia de esa casa de
salud. Y a lo mucho lo que les entregan son dos”, refirió Helen Pico, el pasado
viernes.
Similares lamentos expresaron otros pacientes de la misma sala. Ellos dicen que
la situación se ha vuelto difícil, que muchas veces no quieren recibir
pacientes, “aduciendo que no hay camas”, dijo Carlos Menoscal.
Personal del área de Neonatología manifestó que las quejas de los pacientes
tienen razón. “Aquí los fines de semana no hay anestesiólogo y ahora ni médicos
residentes, ya que el Gobierno aún no los ha contratado”, dijo una enfermera
que pidió no citar su nombre.
Hospital
que expropió el Estado continúa con problemas
Problemas económicos aquejan al
Hospital Millennium, que está en trámite de compra por el Ministerio de Salud
Pública (MSP) desde el pasado 16 de marzo, para descongestionar la atención en
el Hospital Docente Ambato, según la declaratoria de utilidad pública emitida
en julio del 2011, dentro del estado de emergencia sanitaria.
Por un lado está la falta de liquidez para el pago de sueldos a cerca de 70
empleados, a quienes se les adeuda desde enero, aunque la semana pasada les
entregaron depósitos por ese rubro. Por otro, Guillermo Bastidas, accionista y
médico que tiene su consultorio en esa casa de salud, afirmó que este tiene un
endeudamiento de unos $ 4 millones con el banco Promérica por “la mala
administración”.
Al respecto, el presidente del directorio de la compañía Hospital Millennium y
viceprefecto de Tungurahua, Ernesto Albornoz, dijo que como todo proyecto
grande, el hospital tuvo una inversión de $ 10 millones y problemas económicos
en su inicio (hace cinco años), pero que su recuperación se complicó tras la
declaratoria de utilidad pública que impidió cumplir con el pago de ese monto.
Según Bastidas, Albornoz es la persona más interesada en la compra del
Millennium y la que ha hecho los contactos con el MSP y los convenios.
Según el director de Salud, Enrique Lana, el Gobierno depositó $ 2,9 millones
por la compra del Millennium, pero Albornoz dijo que aún no tienen la
notificación del Juzgado 2º de lo Civil. Indicó que una vez que llegue (el
dinero) iniciará un juicio en contra del MSP “de justo precio para lograr lo
que verdaderamente vale el hospital y cumplir con todos los acreedores”. Señaló
que el avalúo sin los equipos es de $ 10 millones”.
18 de marzo
Antiinflamatorios
aún se venden, pese a prohibición
Algunas
distribuidoras farmacéuticas del centro de la ciudad, en Alejo Lascano y
Ximena, desde ayer no venden antiinflamatorios sin receta. Pero otras en el
norte y sur de la ciudad aún las comercializan libremente, pese a la
prohibición del Ministerio de Salud Pública, que estableció –el viernes pasado
en su página web– que estas medicinas ocultan la enfermedad del dengue y la
agravan.
Esta medida se efectúa para fortalecer el control del dengue y reducir el
riesgo de mortalidad, establece el MSP.
“Ayer (viernes pasado) en la tarde nos comunicaron que ya no podíamos venderlas
porque las personas se automedican y podrían agravar su condición, indicó Larry
Morán, uno de los vendedores de la farmacia La Primera.
Una nueva
promesa para bajar tasa de maternidad adolescente
Sus
extremidades delgadas y un vestido ancho con arandeles y encajes que le cubre
un poco más abajo de la rodilla hacen que el embarazo de Andrea, nombre
protegido de una adolescente de 14 años recién cumplidos el 27 de febrero
pasado, pase desapercibido en una sala de la Maternidad Enrique Sotomayor de
Guayaquil, donde futuras madres menores de edad hacen terapias.
Con 16 semanas de gestación (cuarto mes de embarazo), Andrea engrosará las
estadísticas de madres adolescentes con el nacimiento de su primogénito.
Jorge
Parra: ‘Un 70% de adolescentes madres deja de estudiar’
Entrevista:
Representante en Ecuador del fondo de población de la organización de las
Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés)
Hay que educar a los jóvenes en el tema de sexualidad. En esto,
lamentablemente, hay mucho por hacer.
¿Cuál es el
impacto social en el país de tener un alto índice de embarazos adolescentes?
De las chicas que se embarazan, un 70% no ha podido retomar sus estudios. Ellas
han truncado sus proyectos de vida dedicándose a criar un niño cuando no se lo
esperaba. Ese es el principal impacto. El segundo es que la probabilidad de que
las chicas adolescentes sigan en la pobreza después de un embarazo es casi el
doble de las chicas pobres que no se han embarazado. Esto, según un estudio
realizado aquí en el Fondo de Población.
¿Existe un impacto en la salud de las adolescentes?
La mortalidad infantil de los hijos de las madres adolescentes está
incrementada respecto a las madres no adolescentes.
¿A qué responde esto?
Hay un factor biológico. El cuerpo de la adolescente aún no está preparado para
procrear. Segundo, los cuidados que necesita el bebé requieren también
maduración emocional de la madre. Una mujer que recién sale de su infancia
básicamente va a requerir mucho apoyo porque un porcentaje de estas chicas no
tienen pareja.
Ximena
Abarca: ‘735 mil bebés nacieron de adolescentes en 14 años’
Entrevista:
Exviceministra de salud entre abril de 2010 y enero de 2011, encargada del
diseño de la Enipla y actual consultora independiente
El Estado debe dar las oportunidades para que las adolescentes ingresen
a la educación superior.
¿Qué componentes tiene la Estrategia Nacional Intersectorial de
Planificación Familiar (Enipla)?
Lo más interesante es el carácter intersectorial. Hay componentes relacionados
con los servicios de la salud, la educación de la sexualidad, la participación
de los padres de familia y los adolescentes y abarca el cambio de los patrones
culturales. Todo se empezó a planificar en junio de 2010 y terminamos de
diseñar la propuesta en julio del año pasado.
Pero en las estrategias anteriores ya se incluía este trabajo
intersectorial.
La diferencia es que ahora hay una dirección desde el Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social. Antes se coordinaban acciones pero esa integración no era
muy estrecha. Era ineficiente. Anteriormente no se incorporaban otros actores.
En este caso hemos incluido a las madres y a los profesores.
Se ha incumplido la meta de reducir en un 25% el embarazo en adolescentes
entre 2007 y 2010. ¿Qué hará la diferencia para que esta vez se reduzca la
tasa?
El país ya firmó un acuerdo regional en el marco de la Comunidad Andina de
Naciones (en marzo de 2007), junto a Perú, Bolivia y Colombia, para la
reducción del embarazo adolescente. La diferencia ahora es la
intersectorialidad (la participación de varios ministerios) y al parecer hay un
apoyo político.
17 de marzo
Reclamos porque
tarda construcción de hospital de IESS
Cada vez que
Miguel Jiménez, un jubilado no vidente de 56 años, acude al Centro de Atención
Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Nueva Loja
para tratarse de su diabetes, tiene que subir tres pisos por las escaleras
hasta el consultorio del médico tratante.
“Me fatigo, mi pulso cambia y no me pueden tomar bien la presión”, se queja y
se lamenta por los otros pacientes de tercera edad o discapacitados, para
quienes es más difícil el acceso. “La infraestructura no es la adecuada para un
centro de salud”, concluye.
Para brindar servicio, el centro de salud del Seguro Social alquila un edificio
de cuatro pisos, que no tiene ascensor, por 3.261 dólares mensuales. El
contrato de arrendamiento –que está colgado en el portal de Compras Públicas–
fue firmado el 9 de febrero del 2011 y tiene dos años de vigencia.
Aparte, el centro de salud no se abastece para atender a los afiliados y
jubilados de Nueva Loja. El último reporte de la central de llamadas del IESS,
que agenda las consultas médicas, indica que en enero hubo 1.229 usuarios a los
que no se les pudo dar una cita porque el cupo estaba agotado.
Se indaga TripleOro por
delitos contra la salud
La Fiscalía
de El Oro realiza una investigación por delitos ambientales y contra la salud a
la empresa TripleOro CEM, intervenida por el Miduvi desde el pasado martes y
que ahora es administrada por esta cartera de Estado dentro del estado de
excepción que está vigente.
El fiscal René Ormaza inició una indagación previa el pasado 10 de marzo con la
finalidad de recoger información sobre la calidad de agua que TripleOro
suministraba a los usuarios de Machala, Pasaje y El Guabo.
Los miembros del directorio de la empresa deberán comparecer en la Fiscalía,
esto implica que serán citados los accionistas de Oriolsa (mayores accionistas
con el 70%), el alcalde de Machala, Carlos Falquez (representante del Municipio
de Machala que tiene acciones del 30%) y de la Dirección Provincial de Salud de
El Oro.
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